Delitos contra la Administración: la malversación de caudales públicos

Comprar ahora La malversación es un delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo. Está regulada en los artículos 432 a 435 del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración pública. El bien jurídico que se protege no son los caudales públicos en sí, sino el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, así como la confianza puesta en la autoridad o funcionario para el manejo honesto del patrimonio público y la propia fidelidad del servicio de los funcionarios que lo tienen a su cargo. El sujeto activo del delito sólo puede ser quien está obligado a garantizar la custodia de esos bienes, quien tiene acceso a los caudales y efectos públicos por su cargo. Así, se distinguen dos tipos de malversación: la llamada "propia", que es aquella llevada a cabo por una autoridad o funcionario público con acceso a estos bienes por razón de su cargo; y la "impropia", en la que el sujeto activo, sin necesidad de ser funcionario público, está en la posición de garantizar determinados bienes o caudales que se considerarán públicos.