La competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal

Comprar ahora El art. 24.2 de la Constitución Española dispone que todas las personas "tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley", garantía que tiene su reflejo en el art. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al decir que la pena ha de imponerse en virtud de sentencia dictada por el Juez competente. La concreción del Juez competente para la instrucción y enjuiciamiento de un hecho delictivo es una de las primeras cuestiones que ha de resolver el profesional del Derecho a la hora de ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial. A este respecto, cabe distinguir el concepto de jurisdicción, que se refiere a la potestad general de juzgar y hacer juzgar lo ejecutado, y el de competencia, que atañe a la regla o reglas por virtud de las cuales queda atribuido el conocimiento del asunto concreto a un específico órgano judicial. Son los órganos jurisdiccionales penales, constituidos en forma jerárquica, los que vienen a realizar la función jurisdiccional penal, según las reglas de Derecho público previstas en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que finalmente vienen a determinar el ámbito en el que cada órgano judicial penal va a instruir y enjuiciar el hecho delictivo.