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Los instrumentos de actuación consensuales, bajo los cuales se encuentran los contratos estatales, adquieren un significado creciente como una forma destacada de cooperación en la relación entre particulares y el Estado. Las tareas administrativas no son realizadas (o no de la forma aspirada) mediante el instrumento soberano unilateral de la ley y de los medios de administración soberana accesorios de la ley. El contrato estatal es un instrumento de realización de los derechos fundamentales. Los contratos estatales fomentan, con fundamento en el consenso y la cooperación, la aceptación de las decisiones y la paz jurídica. Los contratos posibilitan el uso del know-how privado por parte de la administración pública, ante las escasas fuentes personales y financieras del Estado. Además, los contratos estatales contribuyen a un ejercicio de las tareas públicas de forma concreta y ajustada al caso específico, así como una reacción flexible y económica del Estado a los conflictos e intereses de la sociedad, cada vez más cambiantes. Por otro lado, dichos contratos contribuyen a la efectividad de las decisiones, al mejoramiento de la eficiencia del cumplimiento de tareas públicas y a evitar la pérdida de legitimación; así como al aseguramiento de las condiciones financieras de las actuaciones estatales. Los contratos estatales tienen elementos de democracia directa porque el ciudadano es incluido en el proceso de toma de decisiones, en especial en la determinación de las consecuencias jurídicas; con ello, participa y se hace corresponsable