Rama Ejecutiva y Régimen Presidencial 1a ed - Ref 131057

Esta obra brinda explicaciones sobre dos temas que parecen marchar separados, pero que están profundamente entrelazados: la rama ejecutiva y el régimen presidencial. Para ello se examina lo que tiene que ver con la rama ejecutiva, tomando en cuenta que desde los inicios de la teoría se consagra como una de las tres ramas en que se reparte el poder público. Se precisan las nociones de gobierno, rama ejecutiva y ejecución de la Ley, entre otros, bajo el entendido de que son conceptos que admiten distintas interpretaciones. También estudia el tipo de funciones que cumple esta rama y explora la manera como se relacionan la rama ejecutiva y la administración nacional, tomando en consideración que los textos constitucionales generen cierta confusión, al sugerir que se trata de dos entidades diferentes, cuando se constata que los órganos de una y otra se corresponden casi en su totalidad. Es estos términos, la rama ejecutiva atiende las funciones asignadas al gobierno, lo mismo que las administrativas. Por otra parte, se examina lo que tiene que ver con el Presidente de la República, como cabeza de la rama ejecutiva, el gobierno y de la administración nacional, a quien se entregan atribuciones como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Las normas constitucionales permiten constatar que el Presidente de la República tiene asignado un elevado cúmulo de funciones. Ello ha dado lugar a lo que expertos y analistas denominan ´régimen presidencial´ y más aún ´presidencialista´, por la preponderancia que este funcionario adquiere dentro de la organización del Estado. Bajo este criterio se estudian las funciones que se asignan al presidente, lo mismo que los controles inter-orgánicos que se han previsto para tratar de contener su poder. Por ello se encuentra que el Estado colombiano, a la tradicional división del poder de ramas, suma mecanismos propios del sistema denominado de ´check and balance´, lo que conduce a que unas ramas intervengan en actuaciones que realizan las otras, con miras a poner mayores frenos y controles a esas actuaciones. Finalmente se examinan aspectos relacionados con la responsabilidad que se puede asignar a determinados funcionarios, en particular al Presidente de la República por los delitos en que incurra en ejercicio de sus funciones o por las causales de indignidad por mala conducta.