El precio de leer: las bibliotecas le exigen justicia digital a las grandes editoriales
Me acuerdo de la primera vez que pedí un libro prestado en la biblioteca pública de Medellín. Tenía doce años y el libro era uno de los cuentos de García Márquez que mi madre no podía comprar. La bibliotecaria me lo entregó con esa tranquilidad de quien entrega algo sin precio, y yo lo leí en un banco del parque, con el olor a lluvia reciente en el aire. No pensé en licencias ni en precios de plataforma. Solo pensé en leer.
Ese recuerdo volvió esta semana cuando cinco de las principales organizaciones de bibliotecas públicas de América del Norte publicaron una carta conjunta dirigida a las Grandes Editoriales: la Association for Rural and Small Libraries, el Chief Officers of State Library Agencies, el Canadian Urban Libraries Council, la Public Library Association y el Urban Libraries Council. El mensaje era claro y urgente: el modelo actual de licencias de libros digitales se ha vuelto insostenible, y para muchas bibliotecas pequeñas, directamente imposible.
La directora Angela Goodrich reveló un dato que, de no ser real, parecería sacado de una distopía: algunas grandes bibliotecas gastan hoy más del 50% de su presupuesto en licencias digitales, una cifra que no existía hace ocho años. No es que los libros electrónicos sean caros por naturaleza. Es que las editoriales —y las plataformas— han construido un modelo en el que las bibliotecas nunca pueden ser dueñas de nada. Solo alquilan, año tras año, el acceso a los mismos libros que antes podían comprar una vez y prestar para siempre.
Las organizaciones no están pidiendo caridad. Están pidiendo sentarse a negociar modelos de uso perpetuo y contratos basados en el número de préstamos. Están pidiendo, en realidad, algo muy sencillo: que los libros digitales puedan funcionar como los libros de papel. Compras el libro, lo prestas, envejece, lo repones. Las Grandes Editoriales —Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Hachette, Macmillan— llevan años resistiéndose a cambiar un sistema que los favorece económicamente.
En el fondo, el debate sobre los precios digitales en bibliotecas es el mismo de siempre: ¿quién tiene derecho a acceder a la cultura? ¿Solo quien puede pagarla, o también quien vive en un pueblo rural sin librería cerca? ¿También los estudiantes, los mayores, quienes no tienen tarjeta de crédito? Clarice Lispector escribió una vez que «leer no es caminar sobre palabras: es una práctica de la identidad». Si eso es verdad, entonces negarle a una biblioteca rural el acceso justo a los libros digitales no es solo un problema de precios. Es una decisión sobre quién merece tener identidad lectora. Sobre quién cuenta.
Las bibliotecas llevan siglos siendo la respuesta democrática a esa pregunta. El mundo digital no debería ser la excepción. Si tienes cerca una biblioteca, este es un buen momento para recordar que lo que hace —prestar libros sin pedir nada a cambio— no es obvio. Es político. Y vale la pena defenderlo.
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