Ciudadanos de la UE y sus familiares: Real Decreto 240/2007

Comprar ahora Las últimas modificaciones sufridas por el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, y la declaración de nulidad de varios de sus incisos efectuada por el TS (Sentencia de 1 de junio de 2010), nos permiten una revisión del tratamiento jurídico que reciben los ciudadanos mediante esta Jurisprudencia al Detalle y justifican un análisis de la jurisprudencia reciente. Siguiendo un paralelismo con la estructura del RD, delimita su objeto y vinculado al mismo, la aplicación subsidiaria de la actual Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Ligado a las condiciones de aplicación, figura un apartado conectado con el ámbito subjetivo de aplicación de la norma en el que se recoge doctrina jurisprudencial dictada en relación con los miembros de la familla afectados, y, además, lo relativo al cumplimiento de los requisitos a efectos de una posible reagrupación: requisito de estar a cargo, de necesidad, y otras circunstancias. Estos ciudadanos tienen un régimen más favorable que el resto de extranjeros respecto de sus derechos de entrada y salida: visados de entrada, circulación y residencia, la realización de actividades no lucrativas y las formalidades que les acompañan. También se analiza la pérdida de esa condición y el mantenimiento a título personal el derecho de residencia. Se incluyen apartados sobre la Tarjeta de Residencia Permanente: tramitación y resolución de las solicitudes, haciendo hincapié en las situaciones de inadmisión de la solicitud y de la denegación, en la cuestión no pacífica de los antecedentes penales y la renovación y vigencia de las tarjetas. Referido al art. 15 RD 240/2007, sobre limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública, se desarrollan tres apartados más que incluyen las consecuencias de impedimento de entrada, denegación de la tarjeta de residencia y expulsión. Por último, cerraremos el estudio apuntando varios apartados relacionados con las medidas cautelares, la prohibición de entrada y el informe de la Abogacía del Estado.