Consideraciones sobre la inviabilidad de la prisión perpetua en Colombia

Este texto brinda elementos constitucionales, legales, sociales y fiscales que explican de manera sencilla la inviabilidad y la regresividad de la prisión perpetua en Colombia, para que el debate se enriquezca con elementos objetivos distintos a aquellos de los discursos populistas, en los que priman los enfoques punitivista y de seguridad sobre los principios del Estado social de derecho. Para esto, en primer lugar, se hace un recorrido por las problemáticas de las iniciativas en legislación que han pretendido instaurar la pena de prisión perpetua en Colombia. Se explica la escasa relación que existe entre el problema social que se pretende resolver y la prisión perpetua como solución. Estas iniciativas se han basado en la falta de evidencia empírica que justifique el levantamiento de esta prohibición establecida desde la Constitución Política, lo cual conlleva el reforzamiento de una política criminal reactiva con un precario enfoque de prevención social del delito, contraria a la tendencia mundial, que se orienta hacia la atenuación punitiva. En segundo lugar, se analiza por qué levantar la prohibición de prisión perpetua implica una sustitución de la Constitución Política y de los aspectos que definen su identidad, como son los principios de dignidad humana, libertad, igualdad y protección. A partir de argumentos como la excepcionalidad, la revisabilidad y la no automaticidad de la medida, se advierte cómo estos terminan atentando contra los principios fundantes de la Carta Magna. En tercer lugar, este texto busca ilustrar cómo la imposición de la prisión perpetua va en contravía de los principios del derecho penal moderno, como son el Principio de legalidad estricta de la pena, la proporcionalidad, la culpabilidad y la resocialización de la pena. lo que sigue es el análisis de la perpetuación del estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y el aumento en la presión presupuestal, lo cual termina afirmando, por un lado, la incapacidad del Estado de cumplir con el fin de la pena, la resocialización, y, por otro, su incapacidad para prevenir el delito.