Contraloría General de la República ¿Jurisdicción contenciosa administrativa?

La Contraloría General de la República adquiere cada vez más protagonismo invadiendo diversos ámbitos reservados a otros poderes del Estado. Si en su nacimiento pudo tener conflictos con el Ejecutivo, su objeto de control; bien pronto comenzó a invadir el territorio de los tribunales de justicia resolviendo controversias con particulares. Pero, avanzado el tiempo, amplió aún más su accionar incursionado –no sin polémica– en ámbitos de jurisdicción constitucional e, incluso, legislativos. Y todo parte con el ejercicio de la jurisdicción. El presente estudio explica cómo es que una entidad de fiscalización superior como la Contraloría pudo llegar a ubicarse en una posición de poder que le permitió suplir la ausencia de Tribunales de lo Contencioso Administrativo General, prometidos, pero nunca implementados. Para ello se analiza la historia de su creación y la importancia que, en su evolución, tuvieron lúcidos contralores que supieron leer las circunstancias políticas que los rodeaban. Esta investigación también invita a recorrer el camino normativo que regula la actividad de la Contraloría, mismo que ha evolucionado hasta posicionarla en su actual sitial constitucional, así como a reflexionar en torno a la deferencia con que ha sido tratada por otros poderes del Estado, especialmente por el Ejecutivo-Presidencia y el Judicial. Sin embargo, este contencioso no ha estado exento de polémica en su evolución y en la actualidad, lo que se demuestra en las contiendas de competencia que la Contraloría ha protagonizado con el Poder Judicial; las fuertes reprimendas de los tribunales hacia su hiperactividad, llegando a ordenarle inclinarse frente a las sentencias judiciales. Las cosas, hoy, han superado la ya compleja intromisión en el ámbito judicial, pero fue allí donde partió la hiperactividad contralora. De allí la necesidad de intentar definir si lo que ejerce es o no jurisdicción. Como señala el profesor Luis Cordero Vega, en el prólogo de la obra: “La investigación de la profesora De la Cruz es la más acabada en nuestro medio sobre el rol de la Contraloría en el sistema público de resolución de controversias y sienta las bases teóricas de la que resulta una reforma inevitable para el ente contralor o para la jurisdicción contenciosa administrativa, llevando, a quien lo lea, a una conclusión que pareciera ser única”.