Criterios del Tribunal Supremo: 5 años de Jurisprudencia del Mercado de valores

Comprar ahora Presentamos estructuradamente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2019 a 2023 sobre Mercado de valores. Estas sentencias muestran un relato de los aspectos más relevantes que confluyen en este complejo marco, donde, al imperar la asimetría informativa, el deber de información de las entidades que comercializan estos productos es la piedra angular del sistema, por eso han de probar su cumplimiento. Deberes pre y post MiFID, antes de la Directiva se recogían en la LMV y RD 629/1993. Su incumplimiento suele generar en el inversor, más aún en un minorista, que se contrate con error. Si se prestó asesoramiento, la mera recomendación personalizada de un producto al cliente ya lo es, la entidad hará un informe de su situación financiera y objetivos de inversión, para recomendarle el producto más conveniente. Cuando no califica al cliente, la Jurisprudencia parte de su consideración de minorista y no de profesional. En estos contratos de inversión, la consumación, para determinar el dies a quo del plazo de la acción de anulación del contrato por error, no puede fijarse antes de que el cliente lo conociese. Este se inicia con la suspensión de liquidaciones o intereses, con medidas de gestión del FROB, o evento similar que permita la comprensión real del producto adquirido con error. Otra constante es la acción de daños y perjuicios; el incumplimiento grave del deber de información y de diligencia y lealtad al asesorar puede sustentar la responsabilidad por daños generados por la pérdida parcial o total de la inversión. Veremos como no se convalida ni aprecia que el cliente vaya contra sus actos por no demandar nada más percibir las primeras liquidaciones negativas, pues de ello no puede colegirse que conociese lo contratado ni los riesgos de la inversión. Tampoco el TS, da validez a las renuncias a accionar que a veces se incluyen y aclara que el incumplimiento del deber de información precontractual, al ser ex ante, no puede dar lugar a la resolución del contrato, dado que este, por su propia naturaleza, debe referirse a la fase de ejecución.