País: Colombia
La crisis ecológica contemporánea ha alcanzado un nivel de intensidad y complejidad sin precedentes, generando múltiples retos sociales, económicos y ambientales. Fenómenos como el cambio climático, el agujero en la capa de ozono, la lluvia acida, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, han evidenciado un deterioro ambiental encadenado, a gran escala y con efectos irreversibles (Park, 2012; Matthews y Keys, 2019). Al entender la crisis como una fractura en los patrones precedentes, resulta necesario generar reflexiones transdiciplinarias en torno al contenido de los conceptos y herramientas de gestión utilizadas, e integrar el conocimiento de las ciencias ambientales con aproximaciones éticas y políticas (Gudynas, 2014, p. 28).
Si bien la crisis ecológica se materializa en la transformación del entorno natural, las causas y soluciones se enmarcan en las actitudes, valores y expectativas de los grupos humanos (Park, 2012). Es por ello que, la relación humano-Naturaleza[1] se moldea a partir de la valoración que hace el primero de la segunda, desde la cual se le asigna un rol como objeto, sujeto, recurso o sistema complejo (Gudynas, 2014, p. 55).
Diversos sectores políticos y académicos han propuesto esquemas de gestión para transformar los patrones de explotación y consumo de la Naturaleza, cada uno con una aproximación particular del modelo de valoración. La mayoría de Estados modernos han adoptada el planteamiento del Desarrollo[2] sostenible, en el cual se valora la Naturaleza como un recurso, es decir, un objeto susceptible de ser apropiado y aprovechado. No obstante, posturas alternativas han sido paulatinamente incorporadas en Latinoamérica, particularmente en los ordenamientos jurídicos de Ecuador, Bolivia y Colombia donde se ha reconocido la personalidad jurídica de la Naturaleza.
Si bien dotar de derechos a la Naturaleza excede los límites tradicionales de las ciencias jurídicas y controvierte el modelo de Desarrollo imperante, estos configuran una herramienta para abordar de forma integral la crisis ecológica (Roncal, 2013, p. 122; Stutzin, 1984, p. 104). No obstante, la transformación planteada está supeditada al modelo de valoración de la Naturaleza y, en consecuencia, a la reconfiguración de los patrones de explotación y conservación de ésta (Gudynas, 2014, pp. 29-51).
En el caso colombiano los derechos de la Naturaleza han sido introducidos al ordenamiento jurídico a través de decisiones jurisprudenciales de múltiples tribunales, desde altas cortes hasta juzgados del circuito. El primer antecedente es la Sentencia T-622 de 2016, mediante la cual la Corte Constitucional plantea una transición hacía lo que describe como ecocentrismo[3], y reconoce personalidad jurídica al Río Atrato, su cuenca y sus afluentes (Corte Constitucional, T-622, 2016). Con base a dicho precedente, en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, 11 decisiones jurisprudenciales reconocieron derechos a 13 entidades naturales, 10 ríos, un páramo, un parque nacional natural y la Amazonía colombiana.
Figura 1. Representación de los entes naturales sujetos de derecho en el territorio colombiano. (Elaboración propia)
La proliferación de las decisiones jurisprudenciales, sumada a la gran extensión y alta heterogeneidad de las características bióticas[4], abióticas[5] y sociales que rodean a los nuevos sujetos, hace pertinente estudiar e identificar los modelos de valoración utilizados en cada pronunciamiento, y establecer si estos se ajustan a los planteamientos expuestos por la T-622 de 2016. Esta monografía de grado propone un diálogo transdisciplinar entre las teorías de valoración de la Naturaleza expuestas por la ecología política, campo que estudia las relaciones que dan lugar al saber, al ser y al hacer de los conflictos socioambientales (Carrasco, 2007; Delgado, 2013, p. 13), y las primeras 5 sentencias que reconocieron derechos a la Naturaleza en Colombia. Adicionalmente, a través de una representación gráfica se presentará un análisis comparativo de las características y tendencias de los pronunciamientos jurisprudenciales. Todo lo anterior, con el objetivo de identificar los principales retos y oportunidades que genera la introducción de derechos de la Naturaleza al ordenamiento jurídico colombiano, haciendo un especial énfasis en la incidencia de los modelos de valoración en la protección de la Naturaleza.
Para ello, primero se hará una contextualización de la crisis ecológica, el modelo preponderante de valoración de la Naturaleza, y las propuestas alternativas que se han planteado en los países Latinoamericanos. Segundo, a la luz de la ecología política se expondrán las aproximaciones teóricas del biocéntrismo (reconoce valor en la vida misma), ecocéntrismo (reconoce valor en las relaciones ecosistémicas) y ontologías relacionales (reconoce valor en los mundos construidos por relaciones). Tercero, se presentarán las primeras 5 decisiones jurisprudenciales que reconocieron a entes naturales como sujetos de derecho, a partir de las cuales se hará una serie de comentarios con base a las aproximaciones teóricas expuestas previamente. Cuarto, se presentará un análisis gráfico de las tendencias y características principales de las decisiones jurisprudenciales. Por último, se expondrán algunas conclusiones en torno a los elementos desarrollados a lo largo del documento.
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