País: Perú
Las contrataciones públicas son de transcendental importancia por la gran incidencia en la ejecución del gasto público; la eficacia de este régimen favorece a que el gobierno pueda cumplir con las políticas públicas en los diferentes niveles del gobierno, que respondan a la necesidad de satisfacer los intereses de la comunidad.
Por lo tanto, la normativa de contrataciones del Estado se constituye como el instrumento idóneo en el cual se instauran una serie de dispositivos legales con el propósito de garantizar un procedimiento regular a través del cual se formaliza la voluntad del Estado para contratar; en ese sentido, la contratación pública tiene como característica fundamental que es reglada, en consecuencia, tanto los servidores públicos como los particulares quienes aspiren a contratar con el Estado deben someterse al imperio de la ley que gobierna la materia.
Sin embargo, puede exhibirse ciertas situaciones en las cuales el privado pueda verse damnificado por la ejecución de servicios, entrega de bienes u obras a favor del Estado sin el amparo de un contrato o de las autorizaciones correspondientes. Dicho acontecimiento provocaría un detrimento patrimonial en su esfera, el cual a su vez engrandece a la entidad pública, siendo de su interés que se le restituya.
Pues bien, como consecuencia de estas supuestas obligaciones impagas han surgido en el Perú reconocimientos de pagos por laudos arbitrales, conciliaciones e incluso reconocimientos de pagos en sede administrativa, sustentándose en la figura del enriquecimiento sin causa, fundamento jurídico que ha sido validado y difundido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a través de sendas Opiniones, esto ha servido como justificación para las Entidades y árbitros, que, sustentando su decisión en el criterio del organismo rector en materia de contrataciones del Estado, amparen en sede administrativa y arbitral reclamaciones de pago que no siguieron el procedimiento prescrito por la normativa de contrataciones del Estado.
La presente obra se enmarca en estos problemas que surgen en el ámbito de la contratación pública y que, a falta de regulación, encuentran posibles soluciones en el ámbito del Derecho Civil, al cual se recurre de manera supletoria, al ser la fuente normativa principal que regula los contratos.
Este panorama hizo surgir el interés que uno se pregunte ¿para todos los casos de que ocurra ello, se configura la institución jurídica del enriquecimiento sin causa?.
La obra procura demostrar que se ha desnaturalizando la figura jurídica del enriquecimiento sin causa para sustentar el pago de las reclamaciones derivadas de prestaciones de bienes, servicios u obras que se realizaron al margen de la normativa de contrataciones del Estado, quebrantándose así el Principio de Legalidad y perjudicándose los intereses del Estado con pagos que han devenido de situaciones que conllevan comportamientos contrarios a la buena fe, difiriendo dicho criterio de investigadores tanto nacionales como internacionales, pero que encuentra respaldo en su origen histórico y posterior evolución, así como la doctrina, jurisprudencia tanto nacional, como de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia.
Asimismo, la obra intenta fijar criterios y limitar los distintos supuestos de reclamaciones de pagos que se pretende sustentar en la figura jurídica del enriquecimiento sin causa, procurando reducir su campo de aplicación en el Estado y el uso indiscriminado de dicha figura jurídica.
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El Enriquecimiento sin causa en las Prestaciones Irregulares en el Estado y el Incumplimiento a los Principios de Legalidad y Buena Fe está disponible como eBook en 1 librería online.
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Audience
adults
Idioma
Spanish
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