El juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas. El caso de la descentralización en Colombia.

Las iniciativas regulatorias de protección a los usuarios adoptadas por países con mercados en ambiente convergente se basan entre otras en el establecimiento de comités consultivos para el consumidor y foros para promover su participación en la formación de políticas imposición de la obligación de servicio universal desarrollo de agendas específicas sobre los objetivos prioritarios de la política introducción de iniciativas regulatorias específicas para mejorar opciones del consumidor como la preselección y portabilidad numérica el desarrollo de estándares y códigos de asuntos relacionados con consumidores por parte de la industria el desarrollo y funcionamiento de programas de educación del consumidor que incluyen difusión de información sobre la calidad el establecimiento de nuevos indicadores de calidad y la creación de programas específicos para aspectos relacionados con Internet y el comercio electrónico tales como la privacidad el fraude y leyes cibernéticas.Los mercados de telecomunicaciones del país enfrentan una etapa de transición hacia la convergencia a través de iniciativas de establecimiento por parte de algunos operadores de soluciones tecnológicas y redes de nueva generación el ofrecimiento de servicios empaquetados mejora en los estándares de calidad y satisfacción de requerimientos específicos de los usuarios manteniendo en la actualidad la provisión de los servicios a través de redes tradicionales con sujeción al marco legal vigente de los servicios de telecomunicaciones.La regulación es un instrumento de intervención del Estado en los servicios públicos de telecomunicaciones la cual debe atender las dimensiones social y económica de los mismos basada en las circunstancias y condiciones actuales de los mercados y en consecuencia debe velar por la libre competencia y la protección de los usuarios orientándose a la protección de sus derechos e intereses y al mejoramiento de su calidad de vida reconociendo a la vez los cambios y avances tecnológicos y la necesidad de proteger los derechos que adquieren mayor importancia como consecuencia de la evolución en la prestación de dichos servicios.