Elementos y presupuestos de la contratación estatal

El derecho de la contratación estatal constituye desde hace algunos años un importante campo de estudio al interior de la Doctrina y Jurisprudencia propia del derecho administrativo. Este, tiene su génesis teórica en el derecho de los contratos del derecho privado y, sin embargo, se ha separado de este a tal punto que ha roto con la tradicional autonomía de la voluntad de aquellos para dar lugar a una relación contractual supeditada a principios de orden público al interior de la cual, se otorga a la administración una serie de facultades exorbitantes o extraordinarias que excluye, toda posibilidad, de igualdad entre las partes contratantes. La celebración de contratos administrativos, en concordancia con los mandatos constitucionales, tiene como principal causa la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general, conllevando a afirmar que el objeto de su celebración sea el cumplimiento mismo de los fines estatales, la prestación de servicios garantía y materialización de los derechos constitucionales de los particulares, siendo por tanto un medio para el cumplimiento de un fin de interés general, susceptible de ser realizado mediante la aplicación del Estatuto de Contratación Estatal y demás normas concordantes. Están supeditados en la práctica a restricciones y limitaciones, tal como los procesos de selección, cuya finalidad es limitar la indebida utilización de los recursos públicos en beneficio de los particulares, así como disminuir los índices de corrupción y la percepción de la misma al interior de la opinión pública.