Guía 2018 práctica procesal laboral

El derecho a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de nuestros derechos e intereses legítimos es un derecho fundamental básico proclamado en el art. 24 de la Constitución (CE) y, en cuanto al orden social, principalmente comporta necesariamente que en el ámbito del proceso en ningún caso pueda producirse indefensión, que la tutela se otorgue por el Juez ordinario predeterminado por la ley (“según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan” —arg. ex art. 117.3 CE—), que la tutela se alcance en el ámbito de un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, así como que en el adecuado proceso podamos utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa de tales derechos e intereses; recordemos, además, que el art. 120.3 CE contiene la  exigencia de que “Las sentencias serán siempre motivadas (...)”, motivación que las normas procesales extienden con mayor o menor intensidad a las restantes resoluciones judiciales para facilitar el control de la posible arbitrariedad judicial.