La aplicación del principio de igualdad salarial 1a ed - Ref 131003

En los estados sociales de derecho, la noción de igualdad —que en los estados liberales era meramente formal— se pretende llevar al ámbito material. Ese concepto inspira al Derecho del Trabajo, desde sus inicios, en dos dimensiones: la igualdad vertical y la horizontal. La primera pretende disminuir al máximo la proverbial asimetría que existe entre empleador y trabajador, y para ello limita la autonomía contractual mediante unas normas de derecho necesario (Estatuto del trabajo) y la negociación colectiva. La segunda reconoce igualdad de trato y de oportunidades a todos los trabajadores, sin hacer distinciones por el carácter intelectual o material de su labor, por su sexo o por su forma de retribución. En este último terreno se han formulado dos postulados: ‘a trabajo igual, salario igual’ (TI) y ‘a trabajo de igual valor, salario igual’ (TIV). El primero exige salarios iguales cuando dos trabajadores desempeñen la misma labor; mientras que el segundo los exige cuando sus puestos de trabajo o cargos tengan el mismo valor, sean o no iguales. TI es idóneo para enfrentar discriminaciones salariales directas por motivos de raza, sexo, edad, etc.; y TIV lo es para combatir las discriminaciones salariales indirectas (que son las más frecuentes, y suceden cuando una medida o política aparentemente neutra produce un impacto adverso a un colectivo de personas, como por ejemplo las mujeres), salvo que se demuestren razones objetivas y proporcionales para el trato diferente. En esta obra se explican las principales diferencias y semejanzas de ambos postulados y sus implicaciones probatorias. Por su parte, en la práctica colombiana ha imperado el principio de ‘a trabajo igual, salario igual’, a pesar de que, con ocasión de la vigencia de la Constitución de 1991, el Convenio 100 de la OIT (que consagra el principio TIV para el caso de hombres y mujeres) forma parte del bloque de constitucionalidad. Por eso, en este libro se afirma que el principio TIV es el que prevalece en Colombia y que, por tanto, el Estado deberá emitir normativas coherentes y no inconsistentes con él, como lo ha hecho hasta ahora.