Las garantías constitucionales y el proceso penal

La jurisdicción tuitiva de la libertad Contiene: • Garantías y sus clasificaciones • El estado de inocencia • Aprehensión, detención, flagrancia y límites del Estado • Hábeas corpus como garantía de la libertad • Prisión preventiva, cese de prisión, eximición de prisión y excarcelación • Garantías convencionales y la jurisprudencia de la CSJN y la Corte IDH • Prescripción y garantía del plazo razonable como fin del proceso • Modos alternativos de prisión y su aplicación • Jurisprudencia actualizada de la Corte IDH en la persecución penal Reseña: En este trabajo se abordan de manera pormenorizada el conjunto de todas las garantías que tiene una persona ante el Estado, y en particular, en el marco de un proceso penal teniendo presente la protección que en tal sentido le brinda la Constitución y los instrumentos internacionales que tienen igual jerarquía que la Carta Magna. La descripción del elenco de tales garantías parte del mismo estado natural del hombre ante el Estado que los autores describen como un estado de inocencia donde la sociedad tiene la obligación de garantizar y constituye la expresión más clara del Estado constitucional y convencional del derecho. Desde la imputación de un delito, la aprehensión, detención y sus formas son analizadas desde la perspectiva de la protección a la persona y sus derechos; de allí que cobra importancia la acción de habeas corpus, con sus diversas modalidades, como el más eficaz instrumento de protección de la libertad en el sentido más extenso. Las restricciones a la libertad, como la prisión preventiva, las modalidades alternativas a la misma, el cese de prisión y la excarcelación son estudiadas con el rigor de la mejor doctrina, pero también con el aporte de la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el capítulo de las garantías convencionales los autores describen minuciosamente las garantías que proporcionan los instrumentos internacionales de aplicación obligatoria que le dan un marco de protección más amplio a la persona y que a menudo –como lo apuntan– no son tenidas en cuenta por los órganos jurisdiccionales a la hora de impartir justicia, apoyado también en la última jurisprudencia de la Corte IDH, hasta el año 2019, que obliga a una revisión de comportamientos y leyes locales de los Estados provinciales. Esta obra, además del rigor técnico, es una herramienta eficaz para la defensa de la persona y sus derechos cuando la prepotencia del Estado pueda manifestarse sobre un individuo.