Responsabilidad patrimonial: Administración sanitaria

Comprar ahora La configuración legal del instituto de la responsabilidad patrimonial aparece recogida en los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el citado art. 139 tras indicar que "los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos", exige en su apartado segundo que "el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas" (apartado segundo), siendo reiterada la jurisprudencia en el sentido de que la responsabilidad patrimonial del Estado o de cualquier otra Administración deriva de la lesión producida a los particulares en sus bienes y derechos, entendida dicha lesión como un perjuicio antijurídico que los afectados no tienen el deber de soportar.